Una ciudad inteligente debe aprender una nueva cultura de la movilidad y adaptar sus redes (peatonales, ciclistas y de espacios públicos) así como sus sistemas (de transporte y aparcamientos) para que desempeñen de forma segura su función social con calidad y se pueda lograr el objetivo último de generación constante de oportunidades y prosperidad, apoyado en las nuevas tecnologías y la bioeconomía.

Por último la implicación de la ciudad en el proceso de reflexión común, con sus sugerencias y debate de las propuestas a través de reuniones, mesas y talleres con las organizaciones establecidas y los agentes implicados, periódicamente han de suponer un compromiso de responsabilidad social, previa a la validación de objetivos globales.

Ana Tamayo Ureña
Concejal Delegada de Movilidad, Accesibilidad y Transportes
Ayuntamiento de Córdoba

Sin embargo, la necesidad de adaptación a algunas normativas europeas de referencia y la incorporación de estudios sectoriales recientes, hacen conveniente que sea conformado un nuevo documento que contemple y destaque igualmente las medidas y programas prioritarios así como las nuevas sugerencias y aportaciones de la participación ciudadana, todo ello para su programación e implementación técnica más adecuada.

Además, como su horizonte temporal es muy amplio, pues abarca hasta el año 2030, la problemática que plantea solucionar es compleja y transversal y los retos a los que se enfrenta la ciudad obligan a repensar las estrategias. Por tanto, se necesitará una constante retroalimentación y actualización para que el Plan de Movilidad sea una herramienta que favorezca la cohesión social, la habitabilidad del espacio público, el progreso y el empleo y por ende, lejos de ser un defecto la flexibilidad, se convierte en una virtud ante los retos actuales.

El actual documento sigue siendo un mecanismo vivo y catalizador para generar el contexto oportuno para el desarrollo económico sostenible y saludable. El Plan es una guía de referencia obligada y soporte específico para incardinar las decisiones en materia de planificación ligadas al urbanismo, al transporte, a la economía a la sociedad y al medio ambiente.

El Ayuntamiento deberá continuar promoviendo la integración de la movilidad sostenible en la ordenación del territorio y en la planificación urbanística, en colaboración con la administración central y autonómica, así como favorecer un urbanismo de proximidad que facilite el uso estancial, los medios de transporte alternativos y reduzca la necesidad del uso indiscriminado de vehículo privado, el consumo energético y la contaminación derivada.